José Salazar
Después del asesinato de Mariano Abarca Roblero, el 27 de noviembre de 2009, la efervescencia del caso originado en Chicomuselo, donde se instalaron las minas canadienses Blackfire Exploration Ltd, cuyo objetivo es la extracción del óxido de bario, ha causado la indignación de organizaciones no gubernamentales, las cuales se pronuncian en contra de dicha empresa que presuntamente acabó con la vida del luchador social.
Cabe recordar que Abarca Roblero, era miembro de la organización de derechos humanos “Dos Valles Valientes”, un movimiento que se opone a la explotación minera, y colaboraba con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Con ello, representantes de organizaciones sociales, arribaron a tierras chiapanecas, para darle seguimiento al caso, para poder palpar de primera mano dicha problemática que se ha trasladado al interés de las diferentes delegaciones de organizaciones canadienses.
Los representantes canadienses, reconocieron que el objetivo principal de la gira que llevan a cabo en latinoamérica, específicamente en Chiapas, fue conocer la situación que corre en torno de la minera, ya que el domingo visitaron la mina de Nueva Morelia, donde sostuvieron una reunión con las comunidades afectadas por la mina de Blackfire, donde se reunieron con pobladores del ejido de Nueva Grecia y además de sostener pláticas con otros actores en la comunidad de Chicomuselo.
Rick Arnold, representante de Common Frountiers of Canada, “Fronteras Comunes de Canadá), mencionó “hemos venido aquí, por diversas razones, una de las más importantes, está ligada con la muerte del líder de REMA, don Mariano Abarca Roblero, fuimos a hablar con su familia en Chicomuselo, después hemos pasado dos días y medio hablando con la gente”.
Lamentó las condiciones en las que se encuentra la población, después de la llegada de la empresa canadiense, “llevamos ciertas impresiones, vasmo a llevar estas impresiones de vuelta a Canadá, vamos a sacar un informe, que vamos a publicar allá y vamos a hacer llegar este informe al gobierno canadiense (…) los pobladores de Chicomuselo, quieren que ya se vaya la minera de Blackfire, ya no es cuestión de negociar, la situación se ha empeorado para la gente”.
Mark Rowlinson, lawyer of the Canadian United Steelworkers, “asesor legal para el sindicato de los trabajadores metalúrgicos en Canadá”, indicó ser parte del sindicato que representa mineros, el más grande de norte América, el cual cuenta con una amplia experiencia en materia minera.
“Estamos muy preocupados por el comportamiento iresponsable de empresas mineras en Latinoamérica, particularmente estamos muy preocupados por la conducta de Blackfire, y esto se confirma en lo que hemos visto en los últimos dos días en las comunidades en Chicomuselo”.
Apuntó que como asesores legales, tratan de llevar varios procesos legales que tienen como reto, reglamentar y controlar mejor, a las empresas que trabajan fuera de Canadá.
Cabe señalar que junto a la organización que representa, son alrededor de nueve organizaciones, las que ya pidieron a la policía canadiense la investigación y levanten cargos en contra de Blackfire.
El caso dio inicio el 10 de marzo, y esperan que se investigue el dinero que Blackfire, ha pagado a varios funcionarios públicos en el Estado de Chiapas y explicó que en Canadá existen dos leyes, de las cuales, el reto es lograr que el gobierno canadiense, esté obligado a retirar su apoyo por cualquier empresa trabajando fuera de Canadá, ya que está probado que Blackfire, está manejando su empresa de manera irresponsable.
La segunda ley, permite la posibilidad de que las víctimas de abusos ambientales, laborales, derechos humanos, recomienda una acción legal donde las víctimas tendrán derechos a levantar un proceso ante el tribunal canadiense en contra de Blackfire.
Como ejemplo, citó las comunidades de Nueva Morelia, Grecia, quienes han sufrido daños ambientales, que hemos visto en los últimos días, podrían enjuiciar para empezar un juicio en contra de Canadá.
“La familia de Mariano Abarca, podría llevar un juicio en Canadá, si se comprueba que Blackfire tiene que ver con el asesinato”, aclaró el representante legal de los metalúrgicos canadienses.
Estamos aquí para recabar hechos, de primera mano, para saber qué pasó y qué está pasando en las comunidades pero debo decir que es claro para nosotros que en los últimos dos días, creemos que es bastante claro que Blackfire tenía algo que ver con el asesinato de Abarca Roblero, y eso no es aceptable en ninguna parte del mundo.
Por su parte Dawn Paley, señaló que en Canadá tienen un paraíso judicial, por las empresas mineras que están trabajando fuera, hay mucha impunidad y hay muchos casos, Blackfire, no es un caso aislado, tenemos denuncias de Guatemala, Honduras, Panamá, El Salvador, Colombia, Ecuador, Chile, Perú y Argentina, tenemos denuncias fuertes y casos de asesinatos a luchadores que se han opuesto.
Los visitantes canadienses, reconocieron que son más de 528 empresas mineras provenientes de Canadá presentes en México, donde la mayoría está en un nivel inicial, pero existen 48 que ya están en producción, y de esos 48, más de la mitad de los casos, hay problemas con las comunidades.
Sin embargo es la primera vez, que se lleva a cabo un caso como el de Blackfire, ya que “nunca se ha llevado un caso como se está haciendo en contra de Blackfire, la primera vez en Canadá que se está llevando en contra de una empresa minera”.
De dichas empresas, cabe mencionar, que operan con total impunidad ya que nadie las inspecciona “pueden hacer lo que quieran, no hay nadie que las esté vigilando desde Canadá”.
Finalmente expusieron que durante más de diez meses, mantuvieron una relación bancaria con el munícipe de Chicomuselo, Julio César Velazquez Cabrera, quien aparentemente, y de acuerdo a estados de cuenta, recibió alrededor de 200 mil pesos, en calidad de “gratificaciones”, además de una inmensidad de boletos de avión usados durante el arribo de Blackfire a Chicomuselo.
Se han dado casos de asesinatos a líderes sociales, que se oponen a las mineras en América Latina, y esa es la historia, donde la represión, donde tomando el contexto en el que están en juego millones de dólares de empresas mineras, aunado a la corrupción que emerge en los lugares que éstas se instalan.
